El llamado que hiciera la noche martes el empresario Alejandro Martí para que la ciudadanía vote únicamente por candidatos que por escrito se comprometan a legislar en materia de seguridad pública y sacar las grandes reformas pendientes ha tenido un exitoso eco en la clase política nacional.
El hartazgo ciudadano por las promesas incumplidas ha sido tal, que ahora la desconfianza sobre las promesas de campaña ha permeado fuertemente en el electorado que inclusive han surgido movimientos apoyados por las grandes televisoras para llamar al ejercer un voto que se anule a manera de protesta.
El empresario que se hizo conocer por haber sido víctima de la delincuencia organizada es una voz con amplia calidad moral que ha tenido la respuesta esperada de todos los partidos y de muchos candidatos que ahora harán plasmar sus compromisos ante notario público.
Sin embargo el firmar las promesas de campaña ante un fedatario no es una novedad, en el pasado personajes como el hoy Gobernador del Estado De México Enrique Peña Nieto lo hicieron, sin que ello signifique que haya un compromiso legal que de no hacerlo se les pueda castigar.
Iría mas allá de acudir con un notario y plasmar en un documento los buenos deseos, y propondría firmar con un grupo representativo de la sociedad civil que estuviese compuesto por empresarios, líderes religiosos, líderes de opinión y ciudadanos con representatividad, un contrato civil para que de llegar a ser legislador federal se realicen diversas acciones concretas.
Es de recordar estimado lector que en materia civil no existe fuero para los legisladores por lo que en el mismo convenio se debería establecer sanciones económicas en caso de no cumplir a cabalidad lo ahí detallado.
Serían simples pero muy específicos los compromisos; proponer reformas urgentes en materia de salud, educación y seguridad, además votar a favor de las que propongan otros diputados aunque no sean de la misma bancada o del mismo grupo político.
Establecer mecanismos de enlace con la ciudadanía para que los electores propongan a su representante las diversas acciones que este habrá de seguir en los temas que vayan surgiendo en la próxima legislatura.
El reto está lanzado y muchos han dicho que sí, habrá que esperar que candidatos realmente tengan la voluntad de establecer un convenio de este tipo pues lleva implícito que de no hacerlo sería sujeto a severas sanciones económicas.
El hartazgo ciudadano por las promesas incumplidas ha sido tal, que ahora la desconfianza sobre las promesas de campaña ha permeado fuertemente en el electorado que inclusive han surgido movimientos apoyados por las grandes televisoras para llamar al ejercer un voto que se anule a manera de protesta.
El empresario que se hizo conocer por haber sido víctima de la delincuencia organizada es una voz con amplia calidad moral que ha tenido la respuesta esperada de todos los partidos y de muchos candidatos que ahora harán plasmar sus compromisos ante notario público.
Sin embargo el firmar las promesas de campaña ante un fedatario no es una novedad, en el pasado personajes como el hoy Gobernador del Estado De México Enrique Peña Nieto lo hicieron, sin que ello signifique que haya un compromiso legal que de no hacerlo se les pueda castigar.
Iría mas allá de acudir con un notario y plasmar en un documento los buenos deseos, y propondría firmar con un grupo representativo de la sociedad civil que estuviese compuesto por empresarios, líderes religiosos, líderes de opinión y ciudadanos con representatividad, un contrato civil para que de llegar a ser legislador federal se realicen diversas acciones concretas.
Es de recordar estimado lector que en materia civil no existe fuero para los legisladores por lo que en el mismo convenio se debería establecer sanciones económicas en caso de no cumplir a cabalidad lo ahí detallado.
Serían simples pero muy específicos los compromisos; proponer reformas urgentes en materia de salud, educación y seguridad, además votar a favor de las que propongan otros diputados aunque no sean de la misma bancada o del mismo grupo político.
Establecer mecanismos de enlace con la ciudadanía para que los electores propongan a su representante las diversas acciones que este habrá de seguir en los temas que vayan surgiendo en la próxima legislatura.
El reto está lanzado y muchos han dicho que sí, habrá que esperar que candidatos realmente tengan la voluntad de establecer un convenio de este tipo pues lleva implícito que de no hacerlo sería sujeto a severas sanciones económicas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario