Como si no fuera suficiente con la elevada carga burocrática con la que cuenta el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, la Junta Estatal Ejecutiva órgano encargado de la administración de los jugosos recursos con que cuenta, ha optado por “reforzar” al personal, importando desde otros estados a supuestos expertos en materia electoral que sólo han llevado a que el equipo jurídico del IEPCT a ser el hazmerreír de los magistrados del TRIFE y de los representantes de los partidos políticos por las deficiencias garrafales en los dictámenes y acuerdos.
Con salarios onerosos para estos servidores públicos se derrocha el dinero de los tabasqueños de manera discrecional, se ignora a que intereses responden pero lo cierto es, que desde hace unos meses un ex funcionario del Instituto Electoral del Estado de México labora como súper asesor en el equipo jurídico del IEPCT como si no existieran tabasqueños talentosos que pudieran ocupar el cargo, como si se tratara de un conquistador con espejitos ha pretendido engañar que es un especialista en la materia electoral, sin embargo su flamante asesoría deja mucho que desear haciendo pasar vergüenza al Secretario Ejecutivo y de paso confundiendo con su capacitación mediocre a los vocales de las juntas distritales y municipales.
Arturo García Jiménez quien se dice ser Doctor en Derecho Electoral, presumiblemente es el causante de los nefastos proyectos que están siendo uno tras otro regresados al Secretario Ejecutivo por carecer de un andamiaje legal que permita dotarlos de certeza jurídica, grave error del empresario chatarrero Enrique Galland Marqués haber prescindido de los servicios del abogado Héctor Aguilar Alvarado que corregía las atrocidades jurídicas que ahí se cometían y que ahora lo sigue haciendo pero desde el Tribunal Electoral de Tabasco en donde se sabe es proyectista.
Por si esto fuera poco, importada también del Estado de México y cobrando como médico de alta especialidad han traído a la Doctora Laura Durán Villafuerte que se pasea por los pasillos del Órgano Electoral midiendo la presión a cuanta persona se le atraviese, labor que pudiera realizar una enfermera de 3ra categoría con menos sueldo, además que es ocioso, pues resulta que el personal ya cuenta con servicios médicos por parte del ISSET.
Estos abogados bisoños, sus dictámenes ridículos y plagados de irregularidades ponen en riesgo la última etapa del proceso y allanan el camino a conflictos post electorales. ¡Qué necesidad señor presidente!
Con salarios onerosos para estos servidores públicos se derrocha el dinero de los tabasqueños de manera discrecional, se ignora a que intereses responden pero lo cierto es, que desde hace unos meses un ex funcionario del Instituto Electoral del Estado de México labora como súper asesor en el equipo jurídico del IEPCT como si no existieran tabasqueños talentosos que pudieran ocupar el cargo, como si se tratara de un conquistador con espejitos ha pretendido engañar que es un especialista en la materia electoral, sin embargo su flamante asesoría deja mucho que desear haciendo pasar vergüenza al Secretario Ejecutivo y de paso confundiendo con su capacitación mediocre a los vocales de las juntas distritales y municipales.
Arturo García Jiménez quien se dice ser Doctor en Derecho Electoral, presumiblemente es el causante de los nefastos proyectos que están siendo uno tras otro regresados al Secretario Ejecutivo por carecer de un andamiaje legal que permita dotarlos de certeza jurídica, grave error del empresario chatarrero Enrique Galland Marqués haber prescindido de los servicios del abogado Héctor Aguilar Alvarado que corregía las atrocidades jurídicas que ahí se cometían y que ahora lo sigue haciendo pero desde el Tribunal Electoral de Tabasco en donde se sabe es proyectista.
Por si esto fuera poco, importada también del Estado de México y cobrando como médico de alta especialidad han traído a la Doctora Laura Durán Villafuerte que se pasea por los pasillos del Órgano Electoral midiendo la presión a cuanta persona se le atraviese, labor que pudiera realizar una enfermera de 3ra categoría con menos sueldo, además que es ocioso, pues resulta que el personal ya cuenta con servicios médicos por parte del ISSET.
Estos abogados bisoños, sus dictámenes ridículos y plagados de irregularidades ponen en riesgo la última etapa del proceso y allanan el camino a conflictos post electorales. ¡Qué necesidad señor presidente!
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