El Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información (ITAIP) dio a conocer cuáles han sido los entes gubernamentales que menos han cumplido en materia de transparencia y que por ende han recibido sanciones por parte de este organismo por al negarse a dar información.
De acuerdo al ITAIP el Ayuntamiento de Cunduacán ha sido el más recurrente evasor de responsabilidades en transparencia, así como una que otra dependencia estatal que ya han sido sancionados, el primero con multas económicas y los otros con amonestaciones públicas.
No es raro saber que en Tabasco aun padecemos una cultura de la opacidad en las dependencias, sobre todo en el manejo de los recursos públicos resultando siempre envueltos de misterios, sospechosísmo y en negativa a transparentar su aplicación.
Uno esperaría que esta denuncia avergonzaría a los sancionados, y que las multas lesionaran las finanzas personales de los funcionarios públicos que incurrieron en faltas a la legislación a fin de que en lo futuro no vuelvan a reincidir, no obstante estas sanciones les hacen a los servidores públicos lo que el viento a Juárez, pues no son ellos quienes las erogan si no la dependencia o institución de gobierno en la que laboran.
Aun cuando la base de la legislación en la materia se origina de acuerdo a sus considerandos en que puedan ser sancionados los funcionarios como personas físicas, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco en sus Artículos 69 al 72 señalan que las sanciones económicas van dirigidas al Sujeto Obligado es decir la Institución, siendo los funcionarios que la dirigen (los mismos que originaron la falta) los que a su libre arbitrio instaurarán un “proceso administrativo” para deslindar la responsabilidad, sin embargo las multas se están pagando con recursos públicos.
Estas lagunas jurídicas en la ley propician la comodidad de los funcionarios por no responder en tiempo y formas las solicitudes de información, es evidente que tanto en las dependencias del Gobierno Estatal como los 17 ayuntamientos existe una apatía por informar puntualmente lo que por derecho debe ser dado a conocer a quien lo solicite, es un procedimiento instaurado por la legislación que además genera burocracia, tanto en la creación de unidades de Acceso a la Información en cada dependencia y ayuntamiento, como el jugoso presupuesto destinado a sostener la carga burocrática que representan del ITTAIP.
De acuerdo al ITAIP el Ayuntamiento de Cunduacán ha sido el más recurrente evasor de responsabilidades en transparencia, así como una que otra dependencia estatal que ya han sido sancionados, el primero con multas económicas y los otros con amonestaciones públicas.
No es raro saber que en Tabasco aun padecemos una cultura de la opacidad en las dependencias, sobre todo en el manejo de los recursos públicos resultando siempre envueltos de misterios, sospechosísmo y en negativa a transparentar su aplicación.
Uno esperaría que esta denuncia avergonzaría a los sancionados, y que las multas lesionaran las finanzas personales de los funcionarios públicos que incurrieron en faltas a la legislación a fin de que en lo futuro no vuelvan a reincidir, no obstante estas sanciones les hacen a los servidores públicos lo que el viento a Juárez, pues no son ellos quienes las erogan si no la dependencia o institución de gobierno en la que laboran.
Aun cuando la base de la legislación en la materia se origina de acuerdo a sus considerandos en que puedan ser sancionados los funcionarios como personas físicas, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco en sus Artículos 69 al 72 señalan que las sanciones económicas van dirigidas al Sujeto Obligado es decir la Institución, siendo los funcionarios que la dirigen (los mismos que originaron la falta) los que a su libre arbitrio instaurarán un “proceso administrativo” para deslindar la responsabilidad, sin embargo las multas se están pagando con recursos públicos.
Estas lagunas jurídicas en la ley propician la comodidad de los funcionarios por no responder en tiempo y formas las solicitudes de información, es evidente que tanto en las dependencias del Gobierno Estatal como los 17 ayuntamientos existe una apatía por informar puntualmente lo que por derecho debe ser dado a conocer a quien lo solicite, es un procedimiento instaurado por la legislación que además genera burocracia, tanto en la creación de unidades de Acceso a la Información en cada dependencia y ayuntamiento, como el jugoso presupuesto destinado a sostener la carga burocrática que representan del ITTAIP.
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